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La expropiación: concepto, diferencia con otras figuras; distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas

La institución de la expropiación forzosa trata de resolver un conflicto entre dos intereses: los intereses públicos y los privados. A través de ella se produce una transformación patrimonial de los intereses particulares mediante la privación singular de su contenido a cambio de una indemnización.

La expropiación se distingue de otras figuras:

En la actualidad la expropiación está contemplada en el art. 33.3 CE: "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes".

Asimismo hay que tener en cuenta que es competencia exclusiva del Estado la legislación de expropiación forzosa (art. 149.1.18 CE). Lo que ocurre es que, según el Tribunal Constitucional (STC 37/87, 61/97, 164/01), esta competencia estatal se refiere exclusivamente a la faceta de garantía de los derechos e intereses económicos privados (criterios y sistemas de valoración del justiprecio, y procedimiento expropiatorio). Por tanto, las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias materiales, pueden regular la expropiación en su faceta de potestad pública, por lo que pueden determinar la causa expropiandi en materias de su competencia; y también pueden regular aspectos organizatorios del ejercicio de la expropiación.

Actualmente la expropiación se encuentra regulada en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF), una Ley que ha quedado totalmente obsoleta. Además, hay que tener en cuenta las normas específicas relativas al urbanismo, especialmente en materia de valoraciones.

Se puede definir la expropiación como toda privación singular, acordada imperativamente, de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, por causa de utilidad pública o interés social, y mediante la correspondiente indemnización.