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El principio de legalidad presupuestaria

El reparto de competencia entre el poder ejecutivo y el poder legislativo se encuentra claramente definido en la propia Constitución española. Concretamente, el artículo 134 dispone que "Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación."

De acuerdo con lo anterior, la aprobación de los Presupuestos General del Estado por las Cortes Generales, supone una autorización o habilitación de las Cortes Generales al Ejecutivo para emplear los recursos públicos. Autorización que constituye un techo o montante máximo de gasto que sólo puede sortearse de acuerdo con las normas previstas en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para la aprobación de modificaciones presupuestarias. Desde esta perspectiva, el poder legislativo al tener atribuida la competencia para el examen, enmienda y aprobación del plan o vehículo económico del Gobierno, puede controlar el instrumento que posibilita la puesta en marcha del proyecto político del Gobierno. En el mismo sentido, el artículo 27.1 de la Ley General Presupuestaria establece que "La gestión del sector público estatal está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en los límites de un escenario plurianual"

En cualquier caso, la ley que aprueba los Presupuestos Generales del Estado es una ley singular por las siguientes razones:

      1. El único que tiene la iniciativa legislativa es el Gobierno.
      2. Que existen restricciones a la posibilidad de presentar enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos. Así el artículo 134.6 de la Constitución establece que "Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación"